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El Perú está experimentando una profunda transformación en su sistema de compras públicas gracias a la Ley Nº 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas, que entró en vigencia en abril de 2025. Esta norma busca no solo modernizar los procesos de adquisición estatal, sino también fortalecer la transparencia, la eficiencia y la integridad en el uso de los recursos públicos.
En este artículo, analizamos el objeto, la finalidad, los principales cambios estructurales y los beneficios esperados de esta importante reforma.
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La Ley Nº 32069 tiene como objetivo establecer el marco normativo para la contratación oportuna de bienes, servicios y obras, regulando la participación de todos los actores involucrados bajo el Sistema Nacional de Abastecimiento.
Se busca que las contrataciones públicas sirvan de herramienta para el cumplimiento eficiente de los fines públicos, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos.
La finalidad central de la Ley es maximizar el uso de los recursos públicos en términos de:
Todo ello, apuntando a un Estado moderno, competitivo y transparente.
La Ley Nº 32069 introduce una serie de cambios de fondo que reformulan completamente el ecosistema de contrataciones públicas:
Se reemplaza al OSCE por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), con mayor autonomía técnica, funcional y económica.
La nueva Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (PLADICOP) integra la gestión de todos los procesos de contratación, reemplazando al antiguo SEACE y facilitando una trazabilidad completa.
Se consolidan herramientas como:
Esto permite mejores condiciones para el Estado y promueve la innovación en el sector privado.
Se introduce el enfoque de gestión de riesgos en todas las etapas del proceso de contratación, para anticipar y mitigar eventuales problemas.
Se refuerzan principios fundamentales como valor por dinero, sostenibilidad, transparencia, igualdad de trato, competencia e innovación, orientando las contrataciones hacia el cumplimiento efectivo de los fines públicos.
La Ley exige la certificación de los responsables de las contrataciones públicas y promueve la formación continua de los compradores estatales.
La correcta aplicación de la Ley Nº 32069 traerá consigo importantes beneficios, entre los que destacan:
Fomento de la innovación y modernización de los procesos estatales.
La Ley Nº 32069 marca un antes y un después en la historia de las contrataciones públicas del Perú. No se trata simplemente de un cambio normativo, sino de una transformación cultural que apuesta por un Estado más íntegro, eficiente y cercano a los ciudadanos.
Para las empresas proveedoras, los servidores públicos y los ciudadanos en general, comprender y adaptarse a esta nueva realidad no es solo una necesidad: es una oportunidad para ser parte de un cambio positivo y sostenible en la gestión pública peruana.
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