La iniciativa fue propuesta a iniciativa del Frepap pues preside la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. El titular de dicho grupo de trabajo, Daniel Oseda, sostuvo que “Se ha buscado la mejor fórmula a fin de que no colisione con el artículo 79 de la Constitución y evitar las observaciones del Poder Ejecutivo”.
¿Qué cambios establece la norma?
El artículo 3 de la norma establece que “las entidades de la administración pública entregan la bonificación del 10% en la etapa de la entrevista personal de los concursos públicos de méritos que convoquen a los postulantes técnicos y profesionales que tengan como máximo 30 años”.
Agrega que “a los postulantes que se refiere el párrafo anterior que posean experiencia laboral en el sector público se les incrementa 1% por cada año de servicios prestados, hasta el máximo de 3 puntos sobre el puntaje final”.
La norma, además, agrega que “para dicho efecto, también se considera al Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (Serums), internados y las prácticas preprofesionales y profesionales en el Estado”, aporte planteado por la congresista Matilde Fernández (SP).
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OTROS ASPECTOS DE LA NORMA
El proyecto de Ley 1574 también agrega que se aplicará a todas las entidades públicas. El texto establece: «se entiende por entidades de la administración pública a las señaladas en el artículo 1 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por DS 004-2019-JUS”.
La propuesta de ley fue exonerada del trámite de segunda votación por 93 votos, 1 en contra y 5 abstenciones. Es decir, ya solo está a la espera de su promulgación por parte del Ejecutivo.
Mediante un texto sustitutorio se agregó la bonificación de puntos hacia los jóvenes.
FINALIDAD DE LA NORMA
Esta propuesta se enmarca en la política nacional del empleo dirigida por el Estado, la cual busca como finalidad la planificación y generación del empleo productivo en nuestro país. Sin embargo, desde la perspectiva del Congreso la generación de empleo siempre se ha ido enfocado al sector privado y el Estado ha dejado de lado «su rol director y promotor».
La iniciativa busca fomentar y promover el ingreso a espacios laborales en el sector público de jóvenes de 18 a 25 años, con título de carrera técnica o universitaria, y que no cuenten con experiencia laboral en el sector público ni privado, con un mínimo del 5% del total de trabajadores de las entidades públicas. La norma asegura que ello no genera costos adicionales al Estado.
El presidente de la Comisión de Trabajo aseguró que actualmente para ingresar a la administración pública se necesita tener años de experiencia, sin embargo, eso perjudicaba a una gran cantidad de jóvenes peruanos egresados de los institutos superiores técnicos y de universidades, hallándose en desventaja frente a otros postulantes al concursar a puestos de trabajo en el Estado, dado que no contaban con la experiencia ni el tiempo de trabajo solicitado en las convocatorias públicas.
En conclusión, la propuesta legal se orienta a establecer facilidades a fin de que los postulantes técnicos y/o profesionales, con poca o sin experiencia, puedan acceder a formar parte del aparato estatal. Esta iniciativa nace de seis (6) proyectos de ley diferentes que se juntaron en un solo dictamen. Es decir, hubo un gran consenso desde varias bancadas en que se apruebe esta norma.
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY
Respecto a la implementación de esta norma, el Poder Ejecutivo deberá aprobar las disposiciones reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de su vigencia. Así, en los próximos concursos públicos los jóvenes van a poder tener más puntaje.
Esta norma, además, debe ser promulgada por el presidente de la República, Francisco Sagasti, en los próximos 15 días hábiles. ¿Crees que lo haga? Es probable, aunque hay entidades y expertos que se han manifestado en contra de esta norma.
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OPINIONES CONTRARIAS A LA LEY
#1 Es innecesaria.
La Autoridad de Servicio Civil, por ejemplo, remitió una opinión institucional desfavorable sobre el Proyecto de Ley 6241/2020-CR. Dice que la ley es innecesaria pues actualmente existe el Decreto Legislativo Nº 1401, la cual es obligatoria por todas las entidades de la Administración Pública y promueve la incorporación de jóvenes estudiantes y egresados de universidades, institutos de educación superior, escuelas de educación superior y centros de educación técnico productiva, de las actividades que realiza el sector público, incentivándose el ingreso de los jóvenes más talentosos al servicio civil.
#2 Genera discriminación.
Según algunos expertos en la materia consideran que esta ley generará una abierta discriminación entre las personas que postulan a una plaza vacante en cualquiera de la entidades públicas del Estado, a quienes les es aplicable lo dispuesto en la Ley 28175, Decreto Legislativo Nº 1023 y la Ley 30057, vulnerando de esta forma el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación, reconocido expresamente en la Constitución Política del Perú. Lo cual desincentivaría el acceso a la Administración Pública sobre la base del mérito, competencia y transparencia, que garantice la igualdad en el acceso a la función pública.
#3 No solucionaría el problema.
La contratación de personal en las entidades públicas entre 18 y 29 años, en una proporción no menor al 10% del total del personal, y por eso, no se enmarca dentro de la regulación que provee ni se considera que la contratación por parte de las entidades públicas de dicho porcentaje permite solucionar el problema de los jóvenes en los concursos públicos.
Sin embargo, la ley se argumenta en evidencia estadística. Por ejemplo, en un apartado sostiene que la tasa de desempleo juvenil es 3,7 veces más elevada que los adultos de 25 a 44 años y 6,5 veces que los de 45 a más años. Por otro lado, de acuerdo al Panorama Laboral de América Latina y el Caribe», elaborado por Organización Internacional del Trabajo (OIT) y publicado en el 2019, se sabe que a nivel regional la tasa de desempleo juvenil registró el nivel más alto en los últimos 20 años, al situarse en 19,8 %. Es decir, en Latinoamérica 1 de cada S jóvenes entre 15 y 24 años de edad que han buscado trabajo no lo encontraron, y quienes lo encuentran, por otro lado, trabajan en condiciones precarias como la informalidad, bajos salarios, escasa estabilidad y poco entrenamiento en el trabajo. ¿Qué opinas?
¿Estás de acuerdo con estos argumentos? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!
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