Tras las elecciones dadas el pasado 11 de abril, muchos ciudadanos no contaban con el resultado del flash electoral. Sin embargo, ahora que ya están dadas las cifras oficiales de la ONPE que concluye quienes pasan a segunda vuelta, cabe preguntarnos: ¿Qué cambios plantean Pedro Castillo y Keiko Fujimori en Gestión Pública?

A la fecha existe mucha desinformación en redes sociales y en otras plataformas acerca de los candidatos presidenciales. Por ello, desde R&C Consulting – Escuela de Gobierno y Gestión Pública, hemos revisado información objetiva citada en los planes de gobierno de los candidatos para analizar propuestas en lo que concierne a la administración pública.

¡Ojo! Como servidores –o aspirantes– a la carrera pública, es vital estar al pendiente de los posibles escenarios cambiantes que se den en los próximos meses con el nuevo cambio de gobierno.

¿Qué cambios plantean Pedro Castillo y Keiko Fujimori en Gestión Pública? (Por ejemplo, en materia funcional, salarial u estructural) ¡Revisemos juntos a continuación!

GESTIÓN PÚBLICA: ¿QUÉ CAMBIOS HARÍA CASTILLO DE LLEGAR AL GOBIERNO?

El plan de Gobierno de Pedro Castillo es en realidad muy extenso. En sus más de 70 páginas aborda conceptos de reformas en justicia, salud y en temas medioambientales. Si bien en materia de gestión pública no ha profundizado en reformas específicas, a lo largo de toda su propuesta ha tocado asuntos de carácter gubernamental –dispersos en diferentes apartados– que expondremos a continuación:

1. Eliminar los sueldos dorados del Estado.

   El plan de Perú Libre se muestra en contra de continuar pagando salarios que excedan 8 sueldos mínimos. En el texto sostienen: «Se pagan altos sueldos a funcionarios públicos so pretexto que “si están bien pagados no se van a corromper” cuando este proceder es en realidad un soborno oficial y corruptor de conciencia a quien debiera administrar el Estado en base a valores, lejos de la compensación económica. El contralor de la República es quién debiera liderar esta iniciativa, sin embargo, su sueldo duplica al del Presidente de la República, debiendo corregirse y además eliminar todos los sueldos dorados mencionados en el capítulo precedente a este». (pág 47).

2. Eliminar la inmunidad política.

   «Existen cuatro tipos de inmunidad, al arresto, al proceso judicial, el derecho al antejuicio político y la no procedencia de investigación frente a un delito no concluido por la comisión investigadora del Congreso. Bajo este escudo se blindan congresistas, jueces supremos, fiscales supremos, vocales supremos, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Contralor de la República, directores del Banco Central, altas autoridades de la Iglesia católica, superintendentes, además del presidente de la República. Esta inmunidad en varias ocasiones ha sido un privilegio que buscan los corruptos para no ser juzgados ni arrestados, blindando a narco congresistas, violadores, evasores de impuestos, lavadores de activo, etc.» (pág. 47).

3. Crear una Contraloría que fiscalice a las empresas privadas.

   «La Contraloría General de la República es dura con los funcionarios públicos, pero blanda con el empresariado privado. En realidad, las empresas privadas son el principal elemento corruptor del Estado, bajo la premisa que ningún empresario hace fortuna con su dinero, sino con dinero ajeno, generalmente del Estado, por lo que debe crearse un ente contralor para fiscalizar el sector privado. No hay corrupto sin corruptor, debe atacarse el binomio y no premiarse unilateralmente a uno y condenar al otro» (pág. 47).

4. Eliminar las contrataciones con el Estado que tengan inmunidad diplomática.

   Abolir licitaciones internacionales escudadas por inmunidad diplomática. Este mecanismo fue creado para burlar y evadir la ley de contrataciones del Estado, la fiscalización, las obligaciones laborales, y el encausamiento jurídico, etc., de empresas que fungen de extranjeras, pero su personal operario es peruano. Una forma abierta de corrupción, apadrinada con la venia del Ministerio de Economía y Finanzas.

5. Policía autónoma del Ministerio del Interior.

   «Actualmente la PNP se encuentra politizada y en un falso academicismo donde los ascensos se dan por vara política o estudios de post grado que muchas veces nada tiene que ver con la especialidad policial. Los ascensos debieran darse por méritos frente a crímenes resueltos, brindarle mayor autonomía frente al poder político y fortalecer sus mecanismos de control institucional» (pág. 48)

6. Descentralizar el MEF.

   Deben crearse en cada departamento la Dirección Regional de Economía y Finanzas. El MEF es el único ministerio que no ha sido descentralizado en forma de dirección a los gobiernos regionales a diferencia del resto y a ello se debe el fracaso de la descentralización fiscal y tributaria.

7. Crear una República Federal con diferentes Estados.

   Como en toda democracia civilizada para que los pueblos gocen plenamente lo proveído por la naturaleza es necesaria la autonomía descentralizada y ella logra su máxima cúspide cuando se convierte en una República Federal. Esto implica una amplia descentralización política, administrativa, económica, fiscal, tributaria, jurídica, policial, vial, etc., que convierte a los gobiernos regionales en estados federados, siendo la primera y la última instancia en la toma de decisiones correspondientes a su jurisdicción, permitiendo solo en caso expreso la intervención del nivel nacional.

8. Eliminar órganos ministeriales paralelos a los gobiernos regionales. 

   En el plan de Trabajo de Pedro Castillo podemos ver que está en contra de la duplicidad de organismos que se llevan en el Gobierno Regional y a la vez en el Ejecutivo. Por ejemplo, en un eventual Gobierno suyo eliminaría Pronied, Provías, Pronis, Senasa, Ana, Serfor, Sierra y Selva Exportadora, Agroideas, Agrorural y Sunafil. ¿Con qué propósito? Pues, el documento indica que al crearse estos programas las funciones del Gobierno Regional perdieron fuerza y se duplicaron. Además, sostiene que estas instituciones no están debidamente descentralizadas y aún así aquellos funcionarios ganan 8 veces más en comparación al funcionario regional (pág. 39).

9. Reorganizar el OSCE (Arbitrajes).

   «Es lamentable que el Estado peruano pierda en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) más del 90% de los arbitrajes en claro beneficio del empresariado privado, no solo dándoles la razón injustamente, sino además indemnizándolos con montos astronómicos, previo soborno y corrupción. Esta cadena de corrupción comienza en el OSCE, órgano dependiente del MEF, y concluye en el funcionario del ente gubernamental que tiene que efectuar el pago. No solo debe ser reorganizado, sino también descentralizado». (pág 47)

10. Propiciar la simplificación administrativa.

    Cuanto más control administrativo burocrático, más eslabones favorables para la corrupción, pues cada eslabón actúa como una “garita” de peaje para la burocracia corrupta. En cada paso administrativo se coimea, se crean tarifarios, se prestan al chantaje, se aceleran o dilatan los trámites “premiándose” la agilidad. La simplificación administrativa ha reducido y agilizado llegar mejor a los objetivos del Estado.

KEIKO FUJIMORI: SUS PROPUESTAS MÁS IMPORTANTES DE REFORMA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

El plan de Keiko Fujimori está muy orientado a la salud y la reactivación económica. No obstante, en sus 90 páginas también incluye acciones en materia de reforma del Estado así como cambios en la Gestión Pública. Aquí una lista con las medidas más relevantes de la candidata de FP.

1. Fortalecer el Sistema Nacional de Control.

   «Siendo necesario restituir el rol sancionador de la Contraloría General de la República dentro de un marco que promueva y facilite una gestión pública innovadora, moderna, eficaz y eficiente». (pág. 54)

2. Sanciones a funcionarios.

   «Ser implacable para sancionar a los funcionarios públicos que cometan faltas o delitos, pero de igual forma, se necesitan medidas como el control concurrente que coadyuven en una toma de decisión segura y eficaz para el funcionario, y por tanto se ejecuten las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos y no se paralicen por temor ante una eventual sanción».  (pág. 34)

3. Crear un sistema único de declaraciones juradas de bienes y rentas.

   También estarían las declaraciones juradas de intereses bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, con la finalidad de centralizarlas, tener la capacidad de realizar la trazabilidad de la información obtenida y sancionar según corresponda. Ello conllevará a la promoción de la integridad en la función pública, se evitará cualquier posible conflicto de interés y, sobre todo, dotaremos de mayor transparencia la labor de los funcionarios públicos. (pág. 54)

4. Reformular el proceso del servicio civil público meritocrático.

   En consecuencia, reformar también a quien lo lidera, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, con el fin de buscar revalorar la importancia de los recursos humanos públicos en el cumplimiento de las metas institucionales. (pág. 71)

5. Reestructurar la PCM.

   Reenfocar el centro de las políticas públicas hacia los ciudadanos, para lo cual se deberá contar con un Centro de Gobierno más activo y eficiente, que realmente articule las acciones y decisiones de gobierno, lo cual estará basado en una dinámica de restructuración de la Presidencia del Consejo de Ministros. (pág. 72)

6. Un INEI más fuerte para tener mejores indicadores.

   Hacer que las políticas públicas se construyan en el marco de la evidencia y del uso de las tecnologías de información, fortaleciendo el Instituto Nacional de Estadística e Informática, desde la perspectiva de un sistema de estadística nacional, que ayude, entre otros, a mejorar en análisis en el Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH (pág. 72).

7. Desarrollar la simplificación administrativa en alianza con las tecnologías de información.

   Haremos que los servicios públicos se encuentren a un click de distancia de los ciudadanos, promoviendo infraestructura suficiente para el cierre de la brecha digital (pág. 72).

8. Asumir como un marco orientador la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública.

   Aprobada recientemente en la reunión de octubre de este año, de los Ministros de Administraciones Públicas y Reformas Públicas a cargo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

9. Propiciar la creación de laboratorios de innovación pública.

   Por ejemplo, espacios de articulación y sinergia entre la academia, el sector empresarial, el sector público y otros actores sociales para la generación de pilotos de política pública, con énfasis en el uso de las tecnologías de información y comunicación (pág. 72).

10. Promover la ley de transparencia. Que se visualicen todas las consultorías que brinda el Estado.

    Implementar las medidas necesarias para que la Ley de transparencia y acceso a la información pública sea cumplida por todas las entidades del Estado. Publicaremos en los portales de transparencia institucionales los productos de las diversas consultorías para el Estado. (pág. 73)

11. Implementar en todos los niveles de gobiernos subnacionales las Oficinas de Integridad y Prevención de Lucha contra la Corrupción.

    Esto se daría con el propósito que puedan realizar no solo labores preventivas, sino también labores de investigación de los factores o causas que inciden en los actos de corrupción en la gestión pública; así como, impulsar el cumplimiento del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021 (pág. 74)

12. Promover compromisos o acuerdos estratégicos entre los tres niveles de gobierno y entre regiones, denominados “Contratos Plan Intergubernamentales”. 

    Esta medida se haría con el propósito de que promuevan la ejecución de obras de infraestructura que beneficien a un conjunto de municipios y regiones para promover la integración del territorio y la productividad (pág. 49).

13. Que las prácticas preprofesionales sirvan como experiencia laboral en el Estado.

    Establecer el reconocimiento de las prácticas preprofesionales como parte de la experiencia profesional para mejorar sus posibilidades de su primera inserción laboral (pág. 79).

14. Capacitar a los servidores públicos.

    El Plan de Gobierno de Fuerza Popular sostiene que la modernización y digitalización del sistema de justicia implica la capacitación a los servidores públicos, funcionarios y jueces (pág. 53).

En estas épocas de crisis económica urge que se den mejoras también para optimizar el sector estatal. De ahí que es importante que podamos cumplir con nuestro deber ciudadano no perdiendo de vista estas propuestas de mejora, para pensar –con mayor detenimiento– cuán conveniente puede resultar para nuestra nación aquel nuevo gobernante. De otro lado, es vital también estar alertas a los procesos que pretenden emprender con candidatos para lograr aquellos objetivos. Finalmente, esperemos que en el nuevo debate presidencial se establezca un bloque especial para saber a mayor profundidad qué cambios plantean Pedro Castillo y Keiko Fujimori en Gestión Pública. 

A la fecha, son más de 1 millón y medio de servidores públicos. Hace tan solo semanas, hemos visto un cambio radical en el sector con la eliminación del Régimen CAS, sin embargo, solo un mes después esta decisión fue revocada por el presidente Francisco Sagasti. El sector público necesita estabilidad y un proyecto de mejora que garantice el acceso a servicios básicos por parte de los ciudadanos.

Ahora que ya conoces qué cambios plantean Pedro Castillo y Keiko Fujimori en Gestión Pública… Cuéntanos, ¿qué te parecen las propuestas? ¿Cuál candidato consideras que tiene un mejor plan para el sector gubernamental? ¿Cuál ofrece reformas más estructurales y viables? ¡Escríbenos en los comentarios!

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