1. OBJETIVO DEL ESTADO:
Satisfacer las necesidades de sus habitantes, es el principal objetivo del Estado, al lograr el estado satisfacer tales necesidades, logra garantizar así la convivencia y la paz social dentro de la sociedad. Motivo por el cual es que la función pública tiene por finalidad satisfacer el interés general y el bien común mediante la prestación de servicios públicos a los ciudadanos
Para poder generar en su población dicha garantía, cuenta el Perú con un proceso de contrataciones que está regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, que tiene como objetivo establecer las normas y procedimientos para la adquisición de bienes, servicios y obras por parte de las entidades del Estado. La normativa principal en este ámbito es la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF.
Dicho sistema cuenta con órganos reguladores uno de ellos es la Autoridad Nacional de Contrataciones del Estado (OSCE) es la entidad encargada de supervisar y regular el sistema de contrataciones del Estado en Perú. Entre sus funciones se incluye la emisión de normas, la capacitación y la fiscalización de los procesos de contratación.
2. EL REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, Y SU IMPACTO EN LA GESTIÓN PÚBLICA
El requerimiento de bienes, servicios y obras en la gestión pública de Perú es un proceso fundamental que busca satisfacer las necesidades de las entidades estatales de manera eficiente, transparente y conforme a la normativa vigente.
Identificación de Necesidades: La etapa inicial del proceso implica la identificación de las necesidades de la entidad pública. Los diferentes departamentos y áreas elaboran un diagnóstico para determinar qué bienes, servicios u obras son necesarios para cumplir con sus funciones y metas.
Planificación y Programación: Con base en la identificación de necesidades, se realiza la planificación y programación de las adquisiciones. Se establecen prioridades, se definen los presupuestos necesarios y se elabora un cronograma que permita cumplir con los objetivos de la entidad de manera eficiente.
Elaboración del Expediente Técnico: Para llevar a cabo las contrataciones, se debe elaborar un expediente técnico que contenga los documentos necesarios para describir de manera detallada los bienes, servicios u obras requeridos. Este expediente sirve como base para la convocatoria y la ejecución del proceso de contratación.
Proceso de Contratación: La entidad pública utiliza el expediente técnico para llevar a cabo el proceso de contratación, que puede incluir licitaciones, concursos públicos, subastas, entre otros. La elección del procedimiento dependerá del tipo y valor de la contratación.
Transparencia y Competencia: La normativa de contrataciones busca promover la transparencia y la competencia en los procesos. Esto garantiza que los proveedores interesados tengan igualdad de oportunidades y que la entidad pública seleccione la mejor oferta, considerando aspectos técnicos y económicos.
Eficiencia en el Gasto Público: El adecuado requerimiento y la gestión eficiente de los procesos de contratación contribuyen a la optimización del gasto público. Se busca obtener bienes y servicios de calidad al mejor costo posible, asegurando un uso eficiente de los recursos del Estado.
Control y Fiscalización: La gestión del requerimiento está sujeta a un riguroso control y fiscalización, tanto interno como externo. Los órganos de control supervisan que los procedimientos se lleven a cabo de acuerdo con la normativa vigente y que se evite cualquier tipo de irregularidad.
Desarrollo de Proyectos: En el caso de obras públicas, el requerimiento y la gestión adecuada tienen un impacto directo en el desarrollo de proyectos que contribuyen al desarrollo infraestructural del país, mejorando la calidad de vida de la población y fortaleciendo la economía.
En resumen, el proceso de requerimiento de bienes, servicios y obras en la gestión pública de Perú es esencial para asegurar una administración eficiente y transparente de los recursos estatales, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población de manera efectiva.
3. OBJETIVO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
El objetivo de las contrataciones del Estado se establece con el propósito de promover principios fundamentales que buscan asegurar una gestión eficiente, transparente y equitativa de los recursos públicos buscando así la adquisición de bienes, servicios y obras de manera eficiente, optimizando los recursos y asegurando que las contrataciones cumplan con los objetivos institucionales de las entidades públicas. Pudiendo así garantizar la transparencia en todos los procesos de contratación, desde la identificación de necesidades hasta la adjudicación final. La divulgación de información y el acceso a los procesos son fundamentales para evitar la corrupción y promover la confianza en la gestión pública.
Esto ayuda también a fomentar la competencia entre los proveedores para obtener las mejores condiciones en términos de calidad, precio y tiempo de entrega. La competencia contribuye a garantizar que las entidades estatales obtengan los mejores bienes y servicios disponibles en el mercado, proporcionando así igualdad de oportunidades a todos los proveedores interesados en participar en los procesos de contratación, evitando discriminaciones injustas y asegurando que las empresas, grandes o pequeñas, tengan acceso equitativo a las oportunidades de negocio con el Estado. Este sistema busca la optimización de los recursos públicos mediante la obtención de bienes y servicios al menor costo posible, sin comprometer la calidad ni la idoneidad para cumplir con los objetivos institucionales y esto se puede validar en la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado Artículo 1. Finalidad donde nos dice que:
“La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la presente Ley.”
