servicio civil

La eficiencia y competitividad de las instituciones públicas depende, en gran medida, de los profesionales que laboran en las diversas instancia del Estado, y el Gobierno ha mostrado una especial preocupación en la formación de funcionarios para que su labor sea oportuna y asertiva, es por ello que entre las medidas adoptadas por el Gobierno figura la promulgación de la Ley N° 30057, sobre el Servicio Civil, cuyo objetivo es reformar la planilla estatal y establecer un régimen único para los servidores públicos, y así asegurar la calidad de los servicios en beneficio de la ciudadanía.

El objetivo es establecer la meritocracia en la administración pública y reducir la corrupción.

La finalidad de la Ley del Servicio Civil consiste en que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran.

Como se sabe, la mencionada norma fue aprobada para introducir una reforma en el servicio civil para lograr una mejora en esta labor a través de: la introducción de la meritocracia y la mejora de los ingresos de los funcionarios.

El proyecto de ley del Servicio Civil propone ordenar a aproximadamente medio millón de trabajadores públicos comprendidos en tres regímenes laborales (728, 276 y CAS), creando una línea de carrera, otorgando incentivos y capacitaciones.

Es por ello que este 22 de marzo se publicó los lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio Civil, el cual tiene por objetivo establecer la ruta que las entidades públicas deberán seguir para transitar al régimen de la Ley Nº 30057.

La ley establece que para el proceso de traslado de las entidades públicas al nuevo régimen del Servicio Civil se aprobarán las reglas, procesos y metodologías que aquellas deberán observar. Esta ruta está compuesta por etapas que implican una revisión de la situación actual de la entidad, así como una mejora de su organización y de sus recursos humanos con el objetivo de sentar las bases para mejorar el desempeño de las entidades y los servidores públicos. Su implementación exige el compromiso de la entidad en su conjunto y, en especial, de la Alta Dirección, para el cumplimiento de cada etapa.

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