procedimiento administrativo sancionador

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Procedimiento Administrativo Sancionador

En primera instancia, debemos tener claro, que tanto servidores como funcionarios públicos, también sufren sanciones y penalidades por actos inadecuados, esto se aplica sin considerar el vínculo laboral, contractual, estatuario, administrativo o civil del infractor y del régimen bajo el cual se encuentre, esto se encuentra establecido en la Ley N° 29622 y su reglamento que regula la responsabilidad que ejercen ambos.

Pues, en el ejercicio de sus funciones pueden cometer faltas graves en tres tipos de responsabilidades, siendo la primera: responsabilidad administrativa funcional, responsabilidad civil y la última responsabilidad penal.

¿Cuándo transgreden los servidores y funcionarios públicos en las responsabilidades mencionadas?

Incurren en la responsabilidad administrativa funcional, cuando contravienen el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen o cuando en el desarrollo de sus funciones hayan realizado una gestión de manera deficiente.

Incurren en la responsabilidad civil, cuando por su acción u omisión, en el desarrollo de sus funciones, hayan ocasionado un daño económico al Estado.

Incurren en responsabilidad penal, cuando en el ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u omisión tipificado como delito.

Pero, ¿Qué es el Procedimiento Administrativo Sancionador?

Este es el proceso, en el cual la Contraloría General de la República y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas ejercen la potestad sancionadora conferida por la Ley N° 29622, Ley que modificó la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplia las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

¿Cuáles son los objetivos de la sanción?

• Orientar la conducta de los funcionarios y servidores públicos.

• Prevenir y disuadir de comportamientos que atenten contra el cumplimiento de obligaciones inherentes a la gestión pública, recuperando la credibilidad de la ciudadanía en los mecanismos de control.

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