¿Cuál es la importancia de la inversión privada?

La promoción de la inversión privada fue declarada de interés nacional por el Decreto Legislativo N° 674. En ese decreto, se define a la inversión privada como aquella que proviene de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, distintas del Estado peruano, sector público y empresas del Estado.

Existen diversas modalidades de participación de la inversión privada, una de ellas son las Asociaciones Público – Privadas (APP).

En una APP participan el Estado, a través de alguna entidad pública de gobierno nacional, regional o municipal, y uno o más inversionistas privados, sean empresas o asociaciones. Se trata de incorporar y compartir experiencias, conocimientos, equipos, tecnología y distribuir riesgos y recursos. Es importante no confundirlas con las privatizaciones.

Existen dos clases de APP: (1) Autosostenibles: que tienen una demanda mínima o nula garantía por parte del Estado que la garantías no financieras tengan una probabilidad nula o mínima de demandar el uso de recursos públicos.

Y (2), Cofinanciadas, es decir, que requieren cofinanciamiento, otorgamiento o contratación de garantías financieras o no financieras que tengan una probabilidad significativa de necesitar el uso de recursos públicos.

Además, existen ciertos principios que se contemplan dentro de la modalidad de APP como:

– Valor por dinero: un servicio público debe ser suministrado por la organización privada que ofrezca un mayor o mismo nivel de calidad a un determinado o menor costo.

– Transparencia: toda la información que se utilice y produzca durante todas las etapas del proyecto de inversión deberá ser de conocimiento ciudadano.

– Competencia: para asegurar la eficiencia y menores costos en la provisión de infraestructura y servicios públicos.

– Asignación adecuada de riesgos: asignar los riesgos a aquella institución (pública o privada) con mayor capacidad de administrarlos a un menor costo.

– Responsabilidad presupuestal: se debe considerar la capacidad de pago del Estado para adquirir compromisos financieros sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la prestación regular de servicios.

Las APP se ejecutan bajo diferentes modalidades, de las cuales destacan las siguientes:

– Concesión: El Estado otorga a personas jurídicas (nacionales o extranjeras) la construcción, operación y mantenimiento de obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos, por un plazo determinado.

– Asociación en participación: El Estado otorga una participación en el resultado y/o en las utilidades de una o varias empresas bajo su dirección, a cambio de una determinada contribución.

– Contratos de Gerencia: El Estado transfiere temporalmente el manejo o gerencia de una empresa bajo su dirección a una persona natural o jurídica para que la dirija, administre o gestione.

– Joint Venture: Se celebra un acuerdo entre el Estado y una o varias personas naturales o jurídicas para llevar a cabo por un plazo determinado una operación económica empresarial, para luego compartir inversiones, costos, riesgos, y retornos del proyecto.

Los proyectos de APP están caracterizados por una baja rentabilidad privada, pues existen riesgos muy altos dentro de la ejecución de dichos proyectos. Sin embargo, poseen una muy alta rentabilidad social.

Debido a esto, el Estado asume compromisos financieros que generan pasivos de contingencia que deben ser cuantificados y registrados. Dicha labor la realiza la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales (DGAES), quien determina una metodología para estimar el monto de pasivos y activos que el Estado asume por los compromisos de APP.

IMPORTANTE

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