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Tema: Propuesta de política nacional de modernización de la gestión pública al 2021
Expuesto por: Mariana Llona, Secretaria de Gestión Pública de la PCM

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP), es el principal instrumento orientador de la modernización que establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público. Asimismo, la PNMGP contiene el marco conceptual de una “gestión pública orientada a resultados”, enfoque principal hacia el que se busca conducir a la gestión en el Estado. Los lineamientos estratégicos dirigidos a las entidades del sector público para el proceso de modernización de la gestión pública han sido agrupados en tres categorías: los dirigidos a las entidades públicas en general, los lineamientos para los ministerios y entes rectores de sistemas funcionales y los lineamientos para los entes rectores de los sistemas administrativos. Finalmente, la propuesta detalla cual es el rol que en este proceso debe tener el ente rector de la PNMGP.

El objetivo general de la PNMGP es orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública orientada a resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país.

Los ciudadanos demandan un Estado Moderno, al servicio de las personas, lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones como expresiones de los derechos ciudadanos. El estado moderno es aquel que orienta sus servicios al ciudadano, es eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde cuentas).

Los principios orientadores de la PNMGP son:

• La orientación al ciudadano.- La razón de ser de la gestión pública es servir a los ciudadanos. El Estado debe definir sus prioridades e intervenciones a partir de las necesidades ciudadanas y en función de ello, establecer las funciones y los procesos de gestión que permitan responder más y mejor a esas necesidades con los recursos y capacidades disponibles.

• La articulación intergubernamental e intersectorial.- Las entidades públicas deben

planificar y ejecutar de manera articulada, tanto a nivel de los sectores de los sistemas administrativos, como entre los niveles de gobierno, fomentando la comunicación y la coordinación continuas, asociando sus recursos y capacidades o cooperando entre sí de otras formas posibles, para poder responder a las demandas ciudadanas con eficiencia y de manera oportuna.

• El balance entre flexibilidad y control.- Las entidades deben desarrollar una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna, para lo cual deben responder oportunamente a la heterogeneidad y coyunturas propias del medio donde intervienen. Ello será posible en tanto tengan la posibilidad de adaptar adecuadamente sus estructuras organizacionales, así como sus procesos y procedimientos -sobre todo los vinculados a los sistemas administrativos- de manera que se asegure la prestación de servicios públicos según las necesidades de los ciudadanos.

• La transparencia, rendición de cuentas y la ética pública.- Los funcionarios públicos

deben servir a los intereses de la Nación, procurar aumentar la eficiencia del Estado para brindar una mejor atención a los ciudadanos y actuar con probidad, idoneidad, veracidad, justicia, equidad, lealtad y respeto al Estado de Derecho. El Estado, sus autoridades y servidores deben rendir cuentas a la ciudadanía, garantizar la transparencia en la actuación de las entidades públicas y generar canales adecuados para permitir el acceso ciudadano a la información pública. Asimismo, deben promover la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés público.

• La innovación y aprovechamiento de las tecnologías.- Para alcanzar los resultados que la

ciudadanía espera, se requiere que las entidades públicas avancen en un proceso constante de revisión y renovación de los procesos y procedimientos mediante los cuales implementan sus acciones. Ese proceso constante de innovación debe incorporar el aprovechamiento intensivo de tecnologías apropiadas, de manera que dichas tecnologías contribuyan al cambio y mejora de la gestión pública.

Ahora bien, el modelo de gestión orientada a resultados es un proceso sustentado en cinco componentes centrales. Estos componentes centrales son:

• Planeamiento de Estado, políticas de Estado y de gobierno. En un Estado unitario y descentralizado, las Políticas Públicas son las que permiten integrar y dar coherencia a la intervención del Estado en todos sus niveles con el fin de servir mejor al ciudadano.

• Planeamiento Estratégico. Por medio del planeamiento estratégico y operativo, la institución reflexiona sobre su entorno para fijar sus objetivos generales y específicos, y los resultados y las metas que espera alcanzar.

Actualmente, los planes y presupuestos no recogen las demandas de la población; las brechas no se estiman adecuadamente; las entidades no tienen claras sus funciones y sus objetivos y prima el voluntarismo de autoridades; no se utiliza el planeamiento como herramienta de gestión; existen numerosos planes, pero la mayor parte de ellos carece de contenido económico y todos desarticulados entre ellos y con el presupuesto.

• Presupuesto para Resultados. Un Estado moderno requiere que su presupuesto sea asignado con orientación a resultados, es decir, en función a los productos que los ciudadanos esperan recibir para satisfacer sus demandas.

En la actualidad, los recursos se asignan de manera inercial (monto asignado el año anterior y negociación con MEF por incremento); existe una limitada capacidad de las entidades para identificar y priorizar programas y proyectos de envergadura y de alto impacto en el ciudadano; los presupuestos no se dirigen a cerrar las brechas o déficits y no responden a las demandas de los ciudadanos.

• Gestión por Procesos. Organizar y optimizar todos los procesos internos buscando dar el mayor valor en los servicios para los ciudadanos.

Hoy en día, las actividades se desarrollan de manera intuitiva e informal; los procesos no son bien

Definidos, ni están formalizados en manuales que sirvan para trasmitir internamente cómo se hacen las cosas; los procesos de producción son obstaculizados por las demoras, impedimentos y formalidades de los “Sistemas Administrativos”, que regulan los procesos de soporte con la finalidad de controlar el uso de los recursos públicos.

• Servicio Civil Meritocrático. Profesionalizar la función pública, contar con funcionarios y servidores idóneos para el puesto que desempeñan, mantenerlos motivados para servir, y para que cumplan con los principios éticos de la función pública.

Actualmente, coexisten diversos regímenes laborales (incluso dentro de una misma entidad) que

disponen de distintos beneficios y remuneraciones para iguales perfiles y responsabilidades; existe una deficiente selección de personal, en muchos casos sin responder a criterios de meritocracia; débiles capacidades del personal, que no se nivelan por falta de programas de capacitación; no se evalúa el desempeño; hay una excesiva rigidez en uno de los regímenes laborales vigentes (DL 276).

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